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Anotaciones sobre el cierre de la Televisión Pública griega, 1
Hace
unas semanas, saltó a las primeras páginas de los medios de
comunicación, que el gobierno griego, en su inducida estrategia por
recortar el gasto público, de la noche a la mañana había decretado
el cierre de la televisión estatal griega, decisión que había
dejado a tres mil trabajadores en la calle. Evidentemente la noticia
tuvo una gran repercusión, pues cierto corporativismo, lógico por
otra parte, se apoderó de la clase periodística, escuchándose lo
de siempre, “que una voz se había apagado”, o que “la medida
había supuesto, en unos momentos en que la información, de que la
información verás resulta imprescindible, un duro ataque a contra
la libertad de prensa”. No sé el tipo de televisión que hacía
esa cadena pública, aunque observando la que se hace en España no
tengo más remedio que temerme lo peor, por lo que en principio, no
me preocupa tanto el cierre de esa emisora como el número de
trabajadores que han quedado desempleados, pero al hilo de lo
ocurrido, creo necesario que se abra un debate sobre la necesidad o
no, de que siga existiendo medios de comunicación públicos, y de la
función, en el caso de que se apueste por su existencia, que dichos
medios deben de tener.
De
forma independiente al posicionamiento político que se mantenga,
parece que existe una coincidencia generalizada sobre la necesidad de
volver a la austeridad, después de un periodo de tiempo, en el que
gracias a la bonanza económica de la que se ha disfrutado, el
despilfarro ha sido, como se ha podido verificar, una de las
constantes sobre las que se ha sostenido tanto la Administración
Pública como las prácticas políticas que se han desarrollado. Un
despilfarro, que ahora que los tiempos han cambiado, pone en jaque,
casi en jaque mate, al propio sistema político que nos define, por
la sencilla razón de que ya no se pueden seguir pagando las
abultadas facturas que exige su mantenimiento, lo que obliga, lo que
está obligando a que se lleve a cabo unas series de políticas de
adelgazamiento, que están poniendo en cuarentena muchas de las
funciones, y de los cometidos, que hasta la fecha han venido
realizando nuestras administraciones, de suerte, y se es consciente
de ello, que de esa reestructuración dependerá la viabilidad futura
del Estado del bienestar, al menos tal y como se ha venido
entendiendo hasta ahora. Se tiene claro, muy claro, cuales tienen
que ser los pilares sobre los que tiene que sostenerse, que no son
otros que la educación, la sanidad y los sistemas sociales de
cohesión, por lo que en aras de su fortalecimiento, es comprensible
que funciones que hasta ahora se asociaban al mismo tengan que ser
privatizadas, o lo que es lo mismo, que tengan que pasar a manos de
la propia sociedad, pues sus elevados costes, están dificultando la
financiación pública de otros servicios, estos sí esenciales, que
la propia sociedad tiene la obligación de salvaguardar e incluso
potenciar en beneficio de todos y muy especialmente de los sectores
menos favorecidos.
Resulta
evidente, que entre esas prioridades esenciales no se encuentra el
mantenimiento de una televisión pública, cuyo objetivo primordial
sea el de ejercer de portavoz del gobierno de turno, al tiempo que el
de publicitar sus políticas, además de competir de forma desleal,
al ser mantenida por los presupuestos públicos, gracias al
mantenimiento de una programación banal, contra las restantes
televisiones privadas existentes.
Debido
a su influencia, a su poder, es difícil que en un país como España,
la Televisión Pública quede al margen de la lucha partidaria, lo
que la convierte en el gran botín a conseguir, prueba de ello, es
que cualquier administración que se precie, y me niego a creer que
sólo de forma gratuita y filantrópica, cuenta con su propia
televisión, ya sea central, autonómica o local, que en lugar de
estar ideadas para prestar un servicio público o comunitario, como
sería deseable, son ante todo, instrumentos en manos de los partidos
políticos que la controlan, instrumentos para colmo pagados por el
erario público, que aparte de ofrecer una información siempre
sesgada y en múltiples ocasiones claramente manipulada, no consiguen
aportar nada nuevo, o interesante, a la oferta televisiva existente.
No, la Televisión Pública, tal como se presenta no tiene sentido
que siga siendo soportada por el dinero de los contribuyentes, sobre
todo, cuando existen otras necesidades más apremiantes que atender,
no valiendo el argumento, tan socorrido a veces, de que al
cerrarlas quedarían en la calle gran número de trabajadores, pues
cada día, y nadie parece preocuparse por ellos, ingresan en las
filas del desempleo muchos ciudadanos que no han tenido la suerte de
pertenecer a ningún ente público, al tiempo que quedan sin
cobertura social, por diversos motivos, otros tantos.
Sí,
es esncial que se sea riguroso con los recortes, y no creo que las
televisiones públicas, tal como hoy en día están concebidas, al
igual que ocurre con otros organismos públicos, tengan que salvarse
de los tijeretazos que tanto se están prodigando en estos difíciles
tiempos que nos han tocado vivir, sobre todo cuando no pasaría
absolutamente nada, y esto lo sabemos todos, si dejaran de emitir, ya
que en la parrilla televisiva existen alternativas suficientes para
que su ausencia no llegue a notarse, cosa que con facilidad se puede
demostrar, comparando la programación que ofrece la Televisión
Pública, con las que llevan a cabo las privadas. Pero lo anterior,
aunque pueda resultar contradictorio, no quiere decir, que la
existencia de una televisión púbica no sea necesaria, ya que
socialmente su existencia sería incluso hasta recomendable.
21.06.13
